Por Luz Elena Pereyra Rodríguez
¿Enemigos o adversarios? El incidente entre Gutiérrez Mancilla y Arturo Ávila invita a pensar el clima y el lenguaje de confrontación que se impone en el ámbito político.
Un aparente saludo al que siguió un empujón de Carlos Gutiérrez Mancilla a Arturo Ávila derivó, el pasado 12 de agosto, en una confrontación física y verbal entre ambos legisladores. Las imágenes registran el acercamiento del priista, el contacto inicial, la reacción de Ávila y la posterior escalada de empujones y jaloneos, mientras otros legisladores intervienen para separarlos. La discusión había comenzado en otro terreno: acusaciones de “narcogobierno”, “narcopartido” e injerencia extranjera alrededor de Alejandro Moreno.
Arturo Ávila ha relatado que extendió la mano para saludar a Gutiérrez y que éste le respondió con un golpe en el hombro; después, según su versión, le pidió que no lo tocara e intentó retirarse mientras el priísta continuaba increpándolo. Las imágenes permiten observar la secuencia física, más allá de las versiones posteriores de los protagonistas.
Gutiérrez no llegó a ese momento como un actor ajeno a la confrontación política, su actuación pública se ha desarrollado dentro del grupo cercano a Alejandro Moreno y en intervenciones parlamentarias ha recurrido de manera reiterada a acusaciones contra Morena relacionadas con narcotráfico. En octubre de 2025, el Diario de los Debates de la Cámara de Diputados registró que llamó a Ávila “vocero del narco” y durante el episodio del 12 de agosto volvió a acusarlo de estar relacionado con la venta de armas y con el crimen organizado.
Pero hay otro antecedente que adquiere particular relevancia. En mayo de 2026, durante otra sesión legislativa, Gutiérrez volvió a utilizar la tribuna para llamar “narcopartido” a Morena y lanzó acusaciones contra integrantes de la bancada; aquí la reiteración importa porque permite observar una continuidad en el lenguaje del integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI): el adversario político es presentado no solamente como equivocado, corrupto o incompetente, sino como parte de una estructura criminal.
No se trata de cuestionar el derecho de una oposición a investigar, denunciar o confrontar al gobierno, ya que la crítica al poder es indispensable en una democracia, sino en analizar lo que ocurre cuando la acusación sustituye a la prueba, la descalificación personal desplaza al argumento y el adversario político es convertido en una amenaza que debe ser combatida.
Aquí precisamente resulta útil volver a algunas lecturas obligadas del ámbito de las relaciones políticas, concretamente a Carl Schmitt, quien desde El concepto de lo político, coloca la distinción amigo-enemigo en el centro de su definición de lo político; la distinción expresa el grado extremo de intensidad de una relación política y contempla la posibilidad concreta de confrontación.
Esa concepción resulta en particular incómoda para observar la política contemporánea porque permite identificar qué sucede cuando una competencia electoral deja de construirse alrededor de proyectos enfrentados y comienza a organizarse alrededor de enemigos que deben ser derrotados, deslegitimados o expulsados del espacio político.
Chantal Mouffe parte precisamente de esa tradición schmittiana, pero introduce una modificación fundamental para una democracia pluralista: sustituir la relación entre enemigos por adversarios. El conflicto no desaparece, tampoco las diferencias profundas, pero el cambio está en el reconocimiento de que el otro continúa siendo un actor político legítimo.
Disculpará el lector el abuso en las referencias teóricas expuestas, pero esa diferencia permite leer con mayor precisión lo que ocurre en México, donde claramente no es la confrontación la que constituye un problema entre el partido oficial y la oposición, sino la decisión de ésta última de transformar al adversario en enemigo, porque un adversario puede ser cuestionado, derrotado electoralmente, investigado por las autoridades, sometido al escrutinio público y obligado a responder por sus decisiones.
Sin embargo, un enemigo, dentro de esta lógica, deja de ser alguien con quien se disputa el poder y comienza a ser presentado como una amenaza cuya sola presencia parece justificar la confrontación.
Expresiones utilizadas en la política mexicana durante los últimos meses muestran esa transformación: “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcodiputado”, “narcoestado”, “traficante de armas” y otras acusaciones semejantes han pasado de ser expresiones ocasionales a formar parte recurrente del repertorio político de dirigentes y legisladores de oposición. En el episodio del 12 de agosto, Gutiérrez Mancilla acusó públicamente a Ávila de estar relacionado con la venta de armamento y el crimen organizado. Ávila respondió llamándolo “porro de Alito”.
La diferencia entre ambos tipos de lenguaje tampoco debe perderse de vista, porque nombrar a alguien “Porro de Alito” es una descalificación política; pero acusar a una persona de ser traficante de armas o de formar parte del crimen organizado introduce una imputación de naturaleza criminal. Luego entonces, si existe evidencia de un delito, corresponde denunciar ante las autoridades competentes, en el entendido de que si no existe, la acusación pública no puede convertirse en sustituto de una investigación.
Aquí aparece uno de los problemas centrales de esta forma de hacer política: la acusación criminal posee una capacidad de comunicación muy superior a la discusión de políticas públicas, se convierte en una denuncia extraordinaria que produce atención.
Una explicación exige tiempo mientras una confrontación genera titulares; un proyecto legislativo requiere argumentos, en tanto que un insulto circula durante horas; una propuesta necesita ser comprendida. El escándalo, por ello, puede convertirse en una herramienta política.
Ayudan los resultados electorales a comprender el contexto, aunque no permiten por sí mismos explicar la conducta de una oposición; para dimensionar el escenario en el que el Partido Acción Nacional (PAN) y el PRI enfrentan la competencia política rumbo a 2027, basta observar los resultados de 2024: Morena obtuvo 40.84 por ciento de la votación para diputaciones federales, frente a 16.90 por ciento del PAN y 11.14 por ciento del PRI.
En la elección presidencial, la candidatura de Claudia Sheinbaum alcanzó 59.76 por ciento, mientras Xóchitl Gálvez, postulada por PAN, PRI y PRD, obtuvo 27.45 por ciento; el resultado dejó a las dos fuerzas tradicionales ante una reducción considerable de su espacio electoral y legislativo.
Alejandro Moreno ofrece un ejemplo visible de esa estrategia de confrontación y, como muestra, es de considerar que desde el inicio del gobierno actual ha viajado en varias ocasiones a Estados Unidos para denunciar a Morena y presentar ante actores estadounidenses sus acusaciones contra el gobierno mexicano. En 2026 ha realizado al menos tres viajes a Washington y, desde el comienzo de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, suma cinco visitas a Estados Unidos; en una de ellas planteó incluso que Morena fuera considerado una organización terrorista.
Lilly Téllez ha desarrollado también una línea de confrontación reiterada desde el Senado, donde a partir de los trabajos de la Comisión Permanente en 2026 ha utilizado de manera recurrente señalamientos relacionados con el narcotráfico para cuestionar al gobierno de Claudia Sheinbaum y a Morena.
En abril centró una intervención en los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico; en mayo pidió desde tribuna que el senador morenista Enrique Inzunza se separara del cargo para enfrentar acusaciones formuladas en Estados Unidos y, en otra intervención, se refirió a Morena como una “bancada de los mafiosos”; ese mismo mes calificó a Andrés Manuel López Beltrán como uno de los “narco políticos insignia de Morena”. Se trata de señalamientos formulados por la senadora, no de hechos acreditados por una resolución judicial en los términos en que fueron expresados.
No estamos frente a una sola intervención ni a un solo protagonista, el lenguaje se repite, los destinatarios se amplían y las acusaciones se trasladan de una tribuna a otra.
Moreno acusa a Morena de vínculos con el narcotráfico en Washington, Lilly Téllez utiliza desde el Senado acusaciones semejantes, Gutiérrez reproduce el lenguaje en la Cámara de Diputados y, después, dirige señalamientos personales contra Arturo Ávila; la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán proporciona posteriormente otro elemento para esa misma narrativa: PAN y PRI utilizaron la decisión estadounidense para exigir investigaciones contra el hijo del expresidente.
No existe evidencia suficiente para afirmar que esos actores estén coordinados con el gobierno estadounidense, pero es indudable la existencia de una convergencia discursiva comprobable. Washington ha intensificado sus señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos mexicanos; dirigentes de la oposición utilizan esos señalamientos para presentar al gobierno de Morena bajo sospecha; y una decisión consular estadounidense es incorporada inmediatamente al debate político interno.
La construcción del enemigo cumple entonces una segunda función: convertir cualquier acontecimiento en confirmación de una narrativa previamente instalada.
Si Estados Unidos cancela una visa, la decisión se presenta como indicio de culpabilidad; si un funcionario estadounidense formula una acusación, ésta se utiliza como argumento político; si existe una investigación contra un integrante de Morena, se traduce en evidencia de una supuesta estructura criminal. La investigación deja de ser un procedimiento que debe concluir con pruebas y se convierte, desde el discurso político, en una sentencia anticipada.
Observar lo ocurrido el pasado 12 de agosto nos obliga a reflexionar a través de la lente de la comunicación política y de personajes como Hannah Arendt, porque permite dimensionar un problema eje: poder y violencia no son equivalentes, el primero surge de la capacidad de las personas para actuar juntas, mientras la violencia posee un carácter instrumental.
La diferencia resulta relevante para la política porque la fuerza puede imponer una conducta, pero no sustituye la capacidad de construir legitimidad, acuerdos y acción colectiva; un enfrentamiento dentro de los espacios de representación política no queda circunscrito a quienes participan en él: forma parte del deterioro de un espacio público cuya función es precisamente procesar las diferencias y sostener la posibilidad de actuar en colectivo.
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