Por Ricardo Ramírez Posadas
Los cambios en la forma de consumo que han dado paso a drogas sintéticas, han reducido la necesidad del cultivo de amapola en mayores extensiones de terreno.
La producción de amapola en la Sierra Madre Occidental registra una contracción que modifica uno de los negocios históricos del Cártel de Sinaloa. Basta revisar cómo los plantíos erradicados pasaron de 93 mil 732 en 2022 a 23 mil 486 en 2025, una reducción de 74.94 por ciento en tres años, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Su declive se concentra en Chihuahua, Durango y Sinaloa, territorios que durante décadas estuvieron vinculados con la producción de opio destinada principalmente al mercado de heroína de Estados Unidos, y ocurre sobre una actividad que llegó a ocupar miles de hectáreas en las zonas serranas del país.
El monitoreo conjunto del Gobierno de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estimó 24 mil 100 hectáreas de amapola cultivadas durante 2019-2020 y una producción potencial de 504 toneladas de goma de opio seca. Chihuahua, Durango y Sinaloa formaban parte de las principales regiones productoras, junto con Guerrero, Nayarit y Oaxaca. El estudio utilizó imágenes satelitales, fotografía aérea y verificación terrestre, una metodología distinta a los registros militares de plantíos erradicados.
Metodológicamente la diferencia importa porque las cifras de Defensa no representan, en directo, volumen de opio producido ni ingresos de las organizaciones criminales; dicho en otros términos, un plantío puede tener extensiones y rendimientos diferentes, y la erradicación registra aquello que las fuerzas federales localizaron y destruyeron.
La comparación de 2022 y 2025 demuestra, por tanto, una caída extraordinaria de los cultivos intervenidos por el Estado, pero no permite convertir en automático ese 74.94 por ciento en una pérdida equivalente de las finanzas del Cártel de Sinaloa.
Sí permite observar, en cambio, el debilitamiento de una economía agrícola ilegal que durante décadas tuvo una función central en la Sierra Madre y, como muestra, considérese que en enero de 2023 la Defensa informó que durante 2022 había desplegado 7 mil 890 elementos del Ejército en labores de erradicación en Chihuahua, Sinaloa, Durango y Guerrero y que los 93 mil 732 plantíos destruidos representaban 12 mil 34 hectáreas de amapola. La magnitud de aquella operación ayuda a dimensionar la transformación registrada tres años después.
Detrás del repliegue del cultivo existe, además, un cambio en el mercado internacional de opioides, pues siendo la amapola la materia prima del opio y de derivados como la morfina y la heroína; su rentabilidad depende de la demanda de esas sustancias.
En ese contexto, el mercado estadounidense se ha desplazado durante la última década hacia opioides sintéticos con el fentanilo como producto dominante dentro de la crisis de drogas que enfrenta ese país. La modificación de la demanda internacional coincidió con una transformación de la producción ilegal en México, donde las organizaciones criminales fueron incorporando infraestructura para fabricar sustancias que ya no dependen de la disponibilidad de tierra cultivable ni de ciclos agrícolas.
Defensa documenta este proceso desde años atrás: identifica 2009 como el momento en que comenzó a detectarse un incremento de laboratorios clandestinos dedicados principalmente a la producción de metanfetamina y señala que, frente a la evolución de los mercados, las organizaciones delictivas fueron desplazándose hacia las drogas sintéticas.
La transición resulta particularmente visible en los mismos estados que durante décadas estuvieron asociados con la amapola. En Durango, por ejemplo, las operaciones federales han localizado instalaciones dedicadas a la producción de metanfetamina en el municipio de Tamazula, dentro de la zona serrana próxima a Sinaloa.
En junio de 2025, una operación coordinada por la Fiscalía General de la República y Defensa aseguró en Carricitos un predio utilizado como laboratorio clandestino y una pista de aterrizaje; fueron localizados 150 kilogramos de metanfetamina, 5 mil 310 litros y 870 kilogramos de sustancias y materia prima para su elaboración, además de dos reactores de síntesis orgánica y equipo de producción. Las autoridades estimaron que la infraestructura podía generar 2.8 toneladas de metanfetamina.
Tres meses después, en septiembre de 2025, una operación encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con Defensa, FGR, Guardia Nacional y SSPC localizó en el poblado de Carricitos, también en Durango, dos laboratorios clandestinos donde fueron aseguradas aproximadamente 21 toneladas de metanfetamina, además de precursores como P2P, tolueno, ácido clorhídrico y cianuro de bencilo.
El volumen del aseguramiento y la infraestructura encontrada muestran una escala productiva muy distinta de la que supone un cultivo agrícola: no se trata de parcelas dispersas, sino de instalaciones capaces de concentrar grandes cantidades de producto terminado y materias primas en un mismo punto.
Sinaloa presenta una evolución semejante. En julio de 2025, autoridades federales localizaron y neutralizaron seis laboratorios clandestinos en Navolato y aseguraron 4.8 toneladas de metanfetamina, 47 mil 550 litros de sustancias químicas, 12 reactores y diversos equipos de producción.
Para entonces, la Secretaría de Marina reportaba 50 laboratorios clandestinos asegurados durante ese año y más de 420 toneladas de sustancias químicas incautadas en esas operaciones. En mayo de 2026, nuevas operaciones en Sinaloa permitieron desmantelar tres instalaciones y asegurar más de 4 toneladas de metanfetamina, además de miles de litros y cientos de kilogramos de precursores químicos.
La secuencia permite observar una transformación que las cifras de amapola, por sí solas, no muestran. El negocio asentado durante décadas en la producción agrícola de opio requería controlar parcelas, jornaleros, ciclos de siembra y territorios serranos; la producción de metanfetamina descansa sobre otra cadena, integrada por precursores químicos, reactores, equipos de síntesis, almacenamiento y rutas de abastecimiento.
La actividad criminal no desaparece cuando una de sus materias primas pierde importancia: modifica la infraestructura con la que produce y mueve sus mercancías. Ese desplazamiento también cambia la relación entre las organizaciones y el territorio, lo que lleva a que la sierra continúe siendo relevante, pero ya no solo como espacio de cultivo.
Por ejemplo, los hallazgos realizados en Tamazula y otras zonas de Durango y Sinaloa muestran que determinados corredores, antes vinculados con la producción de amapola, también funcionan como espacios para instalar laboratorios, almacenar insumos y mantener rutas de movilidad. La importancia territorial, por tanto, no desaparece con la reducción del cultivo; cambia la forma en que ese territorio es utilizado.
En esta transformación interviene también la respuesta del Estado mexicano, toda vez que las operaciones de erradicación de plantíos forman parte de una estrategia que durante años ha combinado reconocimiento aéreo y terrestre, despliegue militar y destrucción de cultivos, mientras las acciones más recientes incorporan inteligencia, investigación ministerial y operaciones coordinadas contra laboratorios y cadenas de suministro químico.
El propio Informe de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública registra acciones conjuntas de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para localizar e inhabilitar laboratorios clandestinos en Durango, Nayarit y Sinaloa, dentro de operaciones dirigidas simultáneamente contra la producción de drogas sintéticas y los plantíos ilícitos.
La reducción de la amapola, vista desde esta perspectiva, adquiere una dimensión distinta que no corresponde en exclusiva a una política de erradicación más eficaz ni puede atribuirse solo al cambio de la demanda internacional. Intervienen ambos factores y, junto con ellos, la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales que llevó al cultivo a perder rentabilidad y presencia; al mismo tiempo, las estructuras delictivas encontraron en las drogas sintéticas una actividad que requiere otra combinación de territorio, tecnología, insumos y logística.
Eso explica por qué el dato de 93 mil 732 plantíos erradicados en 2022 frente a 23 mil 486 en 2025 resulta relevante sin necesidad de convertirlo en una medición directa de los ingresos del Cártel de Sinaloa y, más aún, permite documentar el repliegue de una actividad que durante décadas tuvo un peso central en la economía ilegal de la Sierra Madre Occidental.
Y cuando ese repliegue se observa junto con la localización de laboratorios y el aseguramiento de toneladas de metanfetamina y grandes volúmenes de precursores en Sinaloa y Durango, aparece una modificación sustantiva de la estructura productiva del narcotráfico en esa región.
La amapola no desapareció, pero dejó de ocupar el mismo lugar, pues la evidencia disponible apunta a una transición desde una economía criminal sustentada en buena medida en un cultivo hacia otra con mayor peso de la producción sintética.
En términos territoriales, eso significa que la disputa por la sierra continúa, aunque alrededor de actividades distintas; en términos operativos, implica pasar del control de parcelas y cosechas a cadenas que requieren instalaciones, insumos químicos, capacidad técnica y redes de abastecimiento.
Así, el descenso de los plantíos constituye uno de los indicadores más visibles de una transformación más amplia. La amapola perdió 75 por ciento de los plantíos erradicados en la comparación 2022-2025; el negocio criminal no desapareció, sino que modificó una parte de su estructura productiva.
La dimensión de ese cambio está en los cultivos que dejaron de encontrarse, pero también en los laboratorios que comenzaron a ocupar el espacio de una economía agrícola que durante décadas definió buena parte del paisaje criminal del Triángulo Dorado.
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