Por Ricardo Ramírez Posadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió, hace unos días, atraer tres recursos promovidos por habitantes de Mahahual, Quintana Roo, contra modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano que permitieron avanzar en la planeación del proyecto turístico “Perfect Day México”, de Royal Caribbean. El Pleno tomó la decisión a propuesta del ministro Irving Espinosa Betanzos y deberá analizar si esas modificaciones constituyen una norma que produce efectos por sí misma o un acto administrativo, una diferencia que determina cómo y cuándo pueden ser impugnadas mediante amparo.
El litigio tiene como antecedente una modificación al Programa de Desarrollo Urbano (PDU) de Mahahual que permitió reconfigurar usos de suelo en una superficie de 107.67 hectáreas vinculada al proyecto. Los habitantes y la organización Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) promovieron amparos al considerar que la modificación podía afectar su derecho a un medio ambiente sano y cuestionaron el acceso a la justicia para las comunidades. En los procesos iniciales, el Juzgado Primero de Distrito en Quintana Roo desechó las demandas; posteriormente se presentaron recursos de queja ante un Tribunal Colegiado.
Contextualmente, la discusión que ahora llega a la Corte es particularmente relevante porque no se limita al proyecto turístico, sino a la tarea del tribunal de establecer criterios sobre la controversia, a partir del cual una comunidad puede impugnar modificaciones de planeación urbana y sobre la naturaleza jurídica de esos cambios. En términos prácticos, la resolución podría determinar si los habitantes deben contar el plazo para acudir al amparo desde la publicación de una modificación en el Periódico Oficial o desde el momento en que conocen sus efectos y pueden acreditar una afectación. Los tres recursos son 76/2026, 112/2026 y 113/2026, derivados de los amparos 57/2026, 129/2026 y 134/2026.
El papel del Gobierno Federal y el desistimiento de Royal Caribbean en Mahahual
Es importante señalar que el proyecto Perfect Day había planteado un parque turístico de gran escala asociado a las operaciones de Royal Caribbean en Mahahual y que la controversia ambiental aumentó durante 2026 y llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a pedir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) una revisión detallada. El 18 de mayo, Sheinbaum afirmó que el gobierno no realizaría ninguna acción que pusiera en riesgo el equilibrio ecológico de la zona, en particular, sus arrecifes.
Un día después, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que Semarnat no aprobaría el proyecto y, poco después, la dependencia informó que Royal Caribbean desistió formalmente el 19 de mayo del procedimiento de evaluación ambiental. Semarnat señaló que había realizado el análisis técnico, ambiental y jurídico de tres proyectos relacionados: Perfect Day, Beach Club Perfect Day México y trámites relativos a un muelle privado para cruceros. La dependencia identificó impactos ambientales que debían analizarse de manera integral.
Ese punto requiere especial cuidado, ya que el desistimiento del procedimiento ambiental no equivale a una sentencia judicial que haya declarado ilegal el proyecto ni necesariamente elimina la controversia sobre el uso de suelo; de hecho, la atracción de los recursos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)se refiere en concreto a las modificaciones del PDU que permanecen en disputa. Por ello, que Royal Caribbean haya desistido del trámite ambiental de Perfect Day no hace desaparecer en automático el litigio sobre la planeación urbana de Mahahual.
Adquiere el caso una revisión que va más allá de Royal Caribbean y Mahahual, en espera de que la Corte tenga la oportunidad de establecer criterios sobre acceso a la justicia ambiental, interés de las comunidades para impugnar decisiones de ordenamiento urbano y momento en que comienza a correr el plazo para promover un amparo. No significa que la SCJN haya declarado que el proyecto es ambientalmente inviable ni que haya ordenado su cancelación: lo que ha hecho es asumir el análisis de los recursos que podrían definir si las comunidades tuvieron una vía efectiva para cuestionar las decisiones urbanísticas que hicieron posible el proyecto.
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