Por Ricardo Ramírez Posadas
El desembarco de la automotriz china SAIC en España es señalado por posibles riesgos de seguridad según la inteligencia del país ibérico.
La instalación de una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de la empresa china SAIC Motor en el puerto exterior de Ferrol, Galicia, ha generado preocupación en el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su proximidad, de unos cinco kilómetros, al Arsenal de la Armada y al astillero militar Navantia.
El proyecto contempla una inversión inicial de 200 millones de euros, mil empleos directos y una capacidad de producción de hasta 120 mil vehículos al año, pero las autoridades españolas advierten sobre posibles riesgos para la protección de información e instalaciones estratégicas, por lo que el Gobierno español mantiene su respaldo a la inversión, aunque señala que deberá superar los controles correspondientes y que podrán establecerse condiciones de seguridad.
SAIC Motor no es un fabricante menor que busca simplemente instalar una línea de producción en España. Representa uno de los grandes grupos automotrices de China y es propietario de la marca MG; además los registros de la compañía dan cuenta de que cerró 2025 con ventas de 4.51 millones de vehículos, de los cuales 1.64 millones correspondieron a vehículos de nueva energía, mientras sus ventas fuera de China superaron el millón de unidades.
Estas cifras colocan a la empresa como el fabricante automotriz con mayores ventas acumuladas en China en lo que va de 2026: entre enero y julio comercializó 2,384 millones de vehículos; así que su llegada a Ferrol forma parte de una expansión internacional que busca aumentar la producción dentro del mercado europeo y evitar los aranceles comunitarios que gravan los vehículos eléctricos fabricados en la República Popular China.
Como resultado del respaldo de las autoridades gallegas se explica la dimensión industrial de ese esquema de negocios, el cual fue declarado por el Gobierno de Galicia (Xunta de Galicia) como proyecto industrial estratégico, con la previsión de iniciar las obras en 2027 y poner la planta en funcionamiento antes de concluir 2028.
El plan contempla una superficie de unos 70 mil metros cuadrados y, además de la fábrica, un centro logístico en As Pontes y el desarrollo de industrias auxiliares en Mandiá. La operación todavía requiere autorización definitiva del Consejo de Ministros, debido a su condición de inversión extranjera directa. Antes de que la planta exista físicamente, SAIC ya comenzó a utilizar el puerto de Ferrol: en julio llegó un buque con 700 vehículos para su distribución en España.
El problema para Defensa no es la fabricación de automóviles en sí, sino la localización de la instalación y el entorno tecnológico en el que quedará integrada, pues a unos cinco kilómetros se encuentra el Arsenal de Ferrol, principal instalación naval española en el norte del país.
Para contextualizar, es importante señalar que en el astillero de Navantia en Ferrol se desarrolla el programa de cinco fragatas F-110 para la Armada española y que, según la compañía, en abril de 2025 las tres primeras unidades ya estaban en construcción y, el 25 de julio de 2026, comunicó la puesta de quilla de la tercera, la F-113 “Menéndez de Avilés”.
Estas plataformas incorporan sistemas avanzados de combate y sensores, por lo que la protección de información técnica, procesos industriales y movimientos de buques constituye un componente relevante de la seguridad de las instalaciones.
Las alertas, de acuerdo con la información publicada sobre los informes de Defensa y del CNI, no sostienen que SAIC haya realizado espionaje ni que la futura fábrica vaya a utilizarse para ese propósito; no obstante, el riesgo señalado es potencial, ya que una instalación industrial situada frente a infraestructura militar puede proporcionar, mediante observación física, medios electrónicos, personal o relaciones con empresas auxiliares, oportunidades de obtención de información que las autoridades consideran necesario prevenir.
La preocupación se incrementó porque, según las fuentes consultadas, a SAIC se le habían planteado otras ubicaciones portuarias —entre ellas Vigo y Gijón— con menor exposición a instalaciones militares, pero la empresa optó por Ferrol.
El Gobierno español no ha planteado públicamente cancelar la inversión, aunque el ministro de Transformación Digital, Óscar López, sostuvo que operaciones de esta dimensión son sometidas a evaluaciones económicas, industriales y de seguridad nacional, y afirmó que el objetivo es hacer compatible la inversión con la protección de los intereses estratégicos del Estado.
La legislación española prevé mecanismos de control para determinadas inversiones extranjeras y contempla regímenes específicos cuando están implicadas actividades relacionadas con la Defensa Nacional. En este caso, el Ejecutivo señala que los informes de seguridad forman parte del procedimiento y que no son vinculantes por sí mismos, mientras la autorización definitiva corresponde al Consejo de Ministros.
Expone el caso de Ferrol una tensión que ya forma parte de la política económica europea: atraer capital y tecnología extranjera sin perder control sobre sectores e infraestructuras estratégicas. Para Galicia, la planta representa inversión, empleo y la posibilidad de reconstruir una base industrial en una comarca afectada durante décadas por la reconversión naval.
Para Defensa y el CNI, la misma ubicación introduce un factor adicional de riesgo alrededor de instalaciones militares de alto valor tecnológico, por lo que la decisión pendiente no consiste, por tanto, sólo en aprobar o rechazar una fábrica de automóviles, sino en determinar bajo qué condiciones una inversión extranjera puede instalarse junto a infraestructura considerada estratégica y qué barreras de seguridad serán suficientes para separar ambas actividades.
Finalmente, es importante señalar que el caso de Ferrol deja una observación que trasciende a España, toda vez que México ya forma parte de la estrategia de expansión de SAIC: la empresa prevé invertir alrededor de mil 050 millones de dólares en una planta con capacidad de entre 100 mil y 150 mil vehículos anuales y la ha planteado como plataforma para el mercado latinoamericano.
Para otros países de la región que buscan atraer capital chino en sectores industriales, el antecedente español coloca sobre la mesa una cuestión concreta: incorporar desde la planeación de los proyectos criterios de seguridad, protección de infraestructura estratégica y control de inversiones extranjeras, en especial cuando las instalaciones se ubican cerca de puertos, bases militares, centros tecnológicos o cadenas consideradas sensibles.
En Ferrol, Defensa finalmente comunicó que no pondrá objeciones a la planta, sin embargo, el episodio muestra que la evaluación de seguridad puede formar parte de la decisión sobre dónde y bajo qué condiciones se instala una inversión extranjera.
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