Editorial LEEA
El cambio en torno al fracking representa un balance entre la convicción, la evidencia y la capacidad para gestionar en materia de seguridad energética.
Pocas decisiones públicas ilustran con tanta claridad la tensión entre la convicción ideológica y la evidencia empírica como la adoptada por el gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a la exploración de gas natural en yacimientos no convencionales.
Desde la reforma energética de 2013, la fracturación hidráulica, conocida mundialmente como fracking, formó parte de la estrategia para desarrollar yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Sin embargo, esa ruta fue posteriormente descartada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien desde 2019 expresó de manera pública su oposición a utilizar esta técnica y ordenó suspender una autorización para un proyecto que contemplaba su empleo.
En 2020, la Comisión Nacional del Agua confirmó que durante esa administración no se autorizarían concesiones de aguas nacionales para fracturamiento hidráulico.
La recomendación emitida ahora por el Comité Científico Asesor, aceptada por la Presidencia para iniciar una nueva etapa de evaluación en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, constituye mucho más que un ajuste técnico. Representa el reconocimiento de que la política energética no puede sostenerse indefinidamente sobre postulados doctrinarios cuando las condiciones estructurales del país exigen respuestas más complejas.
Resulta significativo que el cambio haya sido sometido a la evaluación de un grupo plural de especialistas convocados precisamente para determinar las condiciones científicas y técnicas que deberían considerarse antes de tomar una decisión sobre el aprovechamiento del gas natural no convencional; más aún, la conclusión del comité dista de constituir una autorización irrestricta para explotar gas de lutitas.
El documento establece condiciones previas para cualquier eventual desarrollo y plantea que deben fortalecerse otras vías para atender las necesidades de gas natural, entre ellas la eficiencia energética, las energías renovables y el aprovechamiento de los recursos convencionales; es decir, el fracking aparece como una posibilidad condicionada, no como el eje de la estrategia energética mexicana.
Tal conclusión adquiere relevancia porque enfrenta uno de los principales dilemas de la seguridad energética nacional y, en ese marco, durante la presentación de la estrategia para fortalecer la soberanía energética, el 8 de abril de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que alrededor de 75 por ciento del gas natural que consume México es importado y que 80 por ciento de esas importaciones proviene de las cuencas de Texas.
Cabe señalar que, en términos de volumen, las importaciones de gas natural por ducto desde Estados Unidos alcanzaron en 2025 un promedio de 6 mil 758 millones de pies cúbicos diarios, cifra que corresponde, en específico, al suministro estadounidense y no debe confundirse con el 75 por ciento señalado por la Presidenta, que expresa la proporción del consumo nacional cubierta mediante importaciones.
La magnitud de ambas cifras permite dimensionar una dependencia concentrada en un solo proveedor, condición que trasciende el ámbito comercial y coloca el suministro de gas en el terreno de la seguridad energética. Bajo esas circunstancias, la vulnerabilidad frente a una interrupción del suministro externo deja de ser una variable exclusivamente económica para convertirse también en un asunto de seguridad energética nacional.
Experiencias recientes han demostrado hasta qué punto las cadenas internacionales de abastecimiento pueden alterarse por factores geopolíticos, climáticos o comerciales, cuyo ejemplo puede situarse en la tormenta invernal que provocó una grave crisis energética en Texas en febrero de 2021: la caída de la producción y las restricciones impuestas al suministro de gas en ese estado redujeron de forma temporal las exportaciones hacia México, contribuyendo a las restricciones eléctricas que afectaron a varias entidades del país y evidenciando la vulnerabilidad asociada a una elevada dependencia del suministro estadounidense.
Episodios como aquel modificaron la percepción internacional sobre el concepto de seguridad energética ya que la experiencia reforzó una cuestión central de la seguridad energética: la concentración del suministro en una sola fuente o corredor incrementa la vulnerabilidad ante interrupciones. La Agencia Internacional de Energía y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han estudiado la diversificación del suministro como uno de los componentes de la seguridad energética.
Conviene advertir que la recomendación científica tampoco elimina los riesgos ambientales asociados al fracturamiento hidráulico. Un estudio de Sara Makki, Alissar Yehya y Elsa Maalouf, publicado en Engineering Reports en febrero de 2025, analizó mediante modelos numéricos el comportamiento de los fluidos de fracturación en formaciones con redes complejas de fracturas; sus resultados muestran que, a mayor complejidad de esas redes, mayor puede ser la retención del fluido en el subsuelo y menor su recuperación.
El modelo también estimó que el desplazamiento del fluido retenido hacia acuíferos cercanos puede ocurrir en periodos que van de algunos meses a cientos de años, dependiendo de las características de la formación. Si bien el estudio no establece que la contaminación de acuíferos sea inevitable, sí subraya la importancia de conocer la estructura geológica y las condiciones de permeabilidad antes de realizar operaciones de fracturación.
Asimismo, en México, Marcos Adrián Ortega Guerrero, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publicó en 2024 una revisión sobre el comportamiento del agua subterránea en medios geológicos fracturados y señaló la complejidad de las vías de circulación de agua y solutos en estas formaciones, así como la necesidad de contar con instrumentación y modelos numéricos para evaluar y mitigar posibles impactos sobre los recursos hídricos y los ecosistemas.
A ello se suma la investigación de Gonzalo Hatch Kuri sobre el acuífero transfronterizo Edwards-Trinity-El Burro, en Coahuila, que ha señalado vacíos de conocimiento hidrogeológico relevantes para valorar los posibles efectos del aprovechamiento de gas de lutitas mediante fracturación hidráulica en esa región.
Dicha precisión modifica sustancialmente el sentido político de cualquier decisión, pues durante años, el debate mexicano redujo el fracking a una confrontación entre posiciones irreconciliables; es decir, mientras unos lo describían como una amenaza inevitable para los recursos naturales, otros lo presentaban como la solución inmediata al déficit energético nacional.
Ambas narrativas compartían un mismo defecto: simplificaban un problema extraordinariamente complejo; no obstante, ninguna política energética seria puede construirse sobre absolutos y la experiencia comparada demuestra que incluso países con una amplia producción de hidrocarburos mantienen regulaciones diferenciadas según las características geológicas, ambientales y sociales de cada región, incorporando mecanismos cada vez más rigurosos de supervisión científica y participación comunitaria.
Entonces, la perspectiva resulta particularmente pertinente para México, donde la discusión energética suele quedar atrapada entre símbolos políticos antes que en evaluaciones de largo plazo. Conviene recordar que el país no enfrenta una disyuntiva entre energías limpias y combustibles fósiles, sino un proceso de transición cuya duración dependerá de variables tecnológicas, financieras y de infraestructura que difícilmente pueden resolverse en el corto plazo.
Entonces, la perspectiva resulta muy pertinente para México, donde la discusión energética suele quedar atrapada entre símbolos políticos antes que en evaluaciones de largo plazo; así que conviene recordar que el país no enfrenta una disyuntiva entre energías limpias y combustibles fósiles, sino un proceso de transición cuya duración dependerá de variables tecnológicas, financieras y de infraestructura que difícilmente pueden resolverse en el corto plazo.
La experiencia de países que han acelerado la incorporación de fuentes renovables muestra que la transición exige desarrollar de forma simultánea capacidad de generación, almacenamiento, redes y mecanismos de respaldo.
Al respecto, ninguna gran economía industrial ha eliminado de manera inmediata el gas natural de su sistema energético sin desarrollar previamente otras fuentes de generación y mecanismos de flexibilidad. Alemania, por ejemplo, ofrece un ejemplo ilustrativo: en 2025 las fuentes renovables representaron 55.9 por ciento de la generación eléctrica pública neta, según el Instituto Fraunhofer para Sistemas de Energía Solar (Fraunhofer ISE), pero el país continúa desarrollando infraestructura de respaldo, almacenamiento y redes para avanzar hacia su objetivo de cubrir con renovables 80 por ciento del suministro eléctrico en 2030 y 100 por ciento en 2035.
Italia presenta una situación distinta, aunque igualmente reveladora: en 2025 las fuentes renovables cubrieron 41 por ciento de la demanda eléctrica, de acuerdo con Terna, mientras el gas continuó teniendo un peso determinante en la formación del precio de la electricidad. Ambos casos muestran que aumentar aceleradamente la participación renovable no equivale a retirar de inmediato las fuentes convencionales: la transición requiere, simultáneamente, nuevas redes, almacenamiento y capacidad de generación flexible.
Bajo esa perspectiva, la decisión de Claudia Sheinbaum puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que la transición energética exige pragmatismo además de convicciones. Gobernar implica enfrentar restricciones materiales que con frecuencia obligan a revisar postulados previamente considerados inamovibles.
Lejos de constituir una renuncia ideológica, esa revisión puede representar un ejercicio de responsabilidad pública cuando se encuentra sustentada en evidencia verificable y procedimientos institucionales transparentes. Ninguna administración debería sentirse rehén de sus propias consignas si la información científica demuestra que la realidad ofrece escenarios distintos a los previstos originalmente.
El desafío verdaderamente trascendente comienza ahora. Autorizar una etapa de exploración científica constituye apenas el primer paso de un proceso que exigirá instituciones reguladoras técnicamente sólidas, órganos ambientales capaces de supervisar operaciones altamente complejas, mecanismos independientes de vigilancia, acceso público a la información y comunidades con capacidad efectiva para participar en las decisiones que afecten su territorio.
Sin ese entramado institucional, cualquier recomendación científica corre el riesgo de convertirse en una declaración sin consecuencias prácticas o, peor aún, en una justificación para reproducir viejas deficiencias regulatorias.
La importancia histórica de este episodio trasciende finalmente el debate sobre el fracking. Lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para incorporar el conocimiento científico como fundamento de las políticas públicas, incluso cuando sus conclusiones cuestionen narrativas previamente consolidadas. Sociedades democráticas maduras no se distinguen por la rigidez de sus posiciones, sino por la disposición a corregirlas cuando la evidencia obliga a hacerlo.
Si la decisión adoptada marca el inicio de una política energética basada en diagnósticos técnicos, evaluación permanente y rendición de cuentas, entonces el verdadero cambio no radicará en explorar gas natural en tres estados del país, sino en haber reconocido que ninguna estrategia de desarrollo sostenible puede construirse de espaldas al conocimiento.
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