Por Ricardo Ramírez Posadas
El intercambio comercial de ganado entre México y Estados Unidos reabre las fronteras. Un estricto control sanitario forma parte medular del nuevo modelo.
Un mes separa el anuncio de la apertura efectiva de la frontera norte al ganado mexicano hecho por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) el pasado 24 de julio, de permitir nuevamente el ingreso de ganado por su frontera sur a partir del próximo 24 de agosto, comenzando por el puerto de Douglas, Arizona.
Santa Teresa y Columbus, en Nuevo México, podrían incorporarse poco después siempre que la evaluación sanitaria permita avanzar. Más que el regreso inmediato de las exportaciones mexicanas, la decisión representa el inicio de una reapertura gradual, condicionada y sometida a inspecciones que reflejan cuánto cambió el comercio ganadero entre ambos países después de casi dos años marcados por el gusano barrenador.
La importancia económica difícilmente puede minimizarse, pues México exporta históricamente más de 900 mil cabezas de ganado bovino en pie cada año hacia Estados Unidos y, entre 2020 y 2024, aportó alrededor de 62 por ciento de todas las importaciones estadounidenses de bovinos. No hablamos, por tanto, de un mercado marginal, ya que se trata de dos sistemas ganaderos complementarios: buena parte de los becerros mexicanos cruzan la frontera para continuar su engorda en ranchos y corrales estadounidenses antes de incorporarse a la cadena de producción de carne.
Esa integración explica también por qué una plaga sanitaria consiguió alterar una relación comercial construida durante décadas. El primer caso de gusano barrenador detectado en México apareció el 21 de noviembre de 2024 en Catazajá, Chiapas, en un animal procedente de Centroamérica, lo cual llevó a Washington a la suspensión inmediata de las importaciones de ganado mexicano.
México y Estados Unidos negociaron entonces un protocolo sanitario y el comercio logró reanudarse en febrero de 2025, pero la expansión de la plaga volvió a modificar el escenario. El USDA cerró nuevamente la frontera el 11 de mayo de ese año.
Desde entonces, la relación atravesó aperturas parciales, nuevas restricciones y un reforzamiento de los controles epidemiológicos. En julio de 2025, por ejemplo, cerca de 900 cabezas cruzaron desde Agua Prieta, Sonora, después de que ambos gobiernos acordaron reactivar gradualmente el comercio. Pero la experiencia duró poco. El avance del gusano barrenador impidió recuperar la normalidad y convirtió el estatus zoosanitario de México en un componente cada vez más relevante de la relación económica bilateral.
Un giro adicional llegó en 2026 cuando la plaga dejó de ser exclusivamente mexicana: autoridades estadounidenses confirmaron casos en Texas y Nuevo México; entonces México suspendió, el 9 de junio, la importación de determinados animales vivos procedentes de Estados Unidos para proteger el hato del noroeste, donde Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora permanecían sin presencia del gusano barrenador.
El episodio modificó la narrativa bilateral. Ya no existía simplemente un país exportador obligado a demostrar que su ganado era seguro frente a un comprador que protegía su territorio. Ambos lados de la frontera enfrentaban una amenaza sanitaria común y tenían incentivos económicos para contenerla; y así, la respuesta comenzó a trasladarse de los cierres fronterizos hacia una estrategia regional de control.
México y Estados Unidos reforzaron la vigilancia epidemiológica, la inspección de animales y el intercambio de información, donde una pieza central es la técnica del insecto estéril, utilizada durante décadas para combatir al Cochliomyia hominivorax: millones de moscas esterilizadas son liberadas en las zonas afectadas para interrumpir el ciclo reproductivo de la especie. El objetivo no consiste simplemente en atender animales infectados, sino en reducir de manera progresiva la población del parásito hasta recuperar territorios libres de la plaga.
La planta puesta en operación en Metapa de Domínguez, Chiapas durante junio de 2026, representa un componente estratégico de esa política en momentos cruciales para el intercambio comercial en la materia y cuando el proyecto binacional busca ampliar sustancialmente la disponibilidad de moscas estériles y disminuir la dependencia de la producción procedente de Panamá.
A finales de junio, las autoridades reportaban más de 5.3 millones de cabezas inspeccionadas, alrededor de 84 mil cargamentos revisados y casi siete mil millones de moscas estériles liberadas desde el inicio de las acciones de contención.
Esos números ayudan a explicar la decisión estadounidense del 24 de julio, pero no equivalen todavía a una certificación definitiva sobre la erradicación del problema.
Washington eligió una fórmula más cautelosa: Douglas será el primer punto habilitado porque Sonora y Chihuahua son considerados por el USDA los estados mexicanos de menor riesgo, tanto por su distancia respecto de las zonas donde se concentra la plaga como por sus programas de inspección. Cada animal que cruce deberá ser revisado por personal estadounidense para descartar signos del gusano barrenador. El avance hacia Santa Teresa y Columbus dependerá de los resultados de esa primera fase.
Ahí reside una diferencia sustancial frente a una reapertura comercial convencional, ya que la frontera no regresa simplemente al punto donde estaba antes de noviembre de 2024, más bien muestra cómo surge un esquema de comercio condicionado por información epidemiológica, trazabilidad, inspección y evaluación permanente del riesgo; es en ese contexto que para los productores mexicanos recuperar ese corredor significa mucho más que volver a vender ganado.
Evidentemente la suspensión prolongada alteró un modelo productivo muy importante para los estados del norte: los becerros destinados a exportación permanecieron en México, aumentaron los costos de alimentación y obligaron a productores a buscar alternativas en el mercado nacional. Al mismo tiempo, Estados Unidos enfrentó una oferta ganadera históricamente ajustada, así que la complementariedad entre ambos mercados quedó expuesta en el preciso momento en que la frontera dejó de funcionar.
Los datos del USDA permiten dimensionar dicha relación de complementariedad, pues durante los cinco años anteriores a la primera suspensión, casi dos de cada tres bovinos importados por Estados Unidos procedían de México; la mayoría eran animales jóvenes y de menor peso destinados a continuar su engorda del otro lado de la frontera. Esa especialización construyó durante décadas una cadena productiva norteamericana que con dificultad puede explicarse mediante las fronteras políticas tradicionales: el animal puede nacer en Chihuahua o Sonora, engordarse en Texas o Kansas y terminar integrado al mercado estadounidense de carne.
El gusano barrenador mostró la vulnerabilidad de ese modelo, pero también su profundidad, y así, sanidad y comercio dejaron de funcionar como asuntos separados: una larva detectada a cientos de kilómetros de la frontera puede modificar flujos comerciales por cientos de millones de dólares; una falla en la vigilancia del sur mexicano puede repercutir en productores de Chihuahua y Sonora; un caso registrado en Texas puede llevar a México a restringir importaciones estadounidenses. La interdependencia económica tiene ahora una expresión epidemiológica.
También aparece una enseñanza para la relación bilateral, ya que buena parte de las controversias recientes entre México y Estados Unidos se han desarrollado alrededor de migración, seguridad, fentanilo, aranceles y la próxima revisión del T-MEC. La ganadería muestra otro tipo de negociación: técnica, especializada y construida mediante instituciones que necesitan reconocerse mutuamente para que el comercio funcione.
No elimina las asimetrías toda vez que Estados Unidos conserva una capacidad determinante para abrir o cerrar el acceso a su mercado y el anuncio del USDA establece de manera explícita que las siguientes etapas dependerán del cumplimiento mexicano del Plan de Acción conjunto. Pero México tampoco ocupa una posición irrelevante: constituye el principal proveedor externo de ganado para engorda del mercado estadounidense y posee una infraestructura productiva integrada durante décadas con la del país vecino.
La reapertura prevista para agosto debe leerse precisamente en ese equilibrio: no representa la victoria definitiva sobre el gusano barrenador ni el regreso automático a los volúmenes comerciales anteriores, significa que las medidas sanitarias han creado condiciones suficientes para intentar restablecer una parte del intercambio sin abandonar los controles extraordinarios.
Bajo esa realidad, Douglas funcionará, en los hechos, como la primera prueba de ese nuevo modelo y sus resultados tendrá consecuencias más allá de Sonora. No obstante, una operación estable permitiría avanzar hacia otros cruces y reconstruir progresivamente el flujo de ganado; un deterioro de las condiciones epidemiológicas podría detener de nuevo el proceso. El comercio pecuario quedó así vinculado a indicadores sanitarios verificables y no solo a decisiones políticas.
Tras casi dos años de cierres, protocolos, reaperturas frustradas y expansión de la plaga a ambos lados de la frontera, el anuncio del 24 de julio introduce finalmente una ruta distinta. México y Estados Unidos empiezan a pasar de administrar la emergencia a construir condiciones para convivir comercialmente con el riesgo mientras intentan erradicarlo. Ese cambio puede ser más relevante que la apertura de un puerto fronterizo.
El ganado mexicano volverá a cruzar por Douglas si se cumple el calendario anunciado. Lo que estará a prueba desde el 24 de agosto será algo mayor: la posibilidad de que sanidad animal, integración productiva y cooperación bilateral funcionen como partes de una misma política en una frontera donde la economía y las enfermedades hace tiempo dejaron de reconocer límites nacionales.
Consulta más contenido en nuestro portal Leea Estrategias Corporativas
